Le hicimos unas preguntas a Roberto Bó, acerca de cómo es posible que todavía toda Argentina no tenga una ley de humedales. Él siendo docente-investigador de FCEyN, UBA nos cuenta en profundidad varias de sus razones.
¿Nos podrías contar la historia del Proyecto de Ley de Humedales? ¿Qué se logró hasta ahora?
Primero, deseo destacar que el proyecto mencionado se refiere a una “ley de presupuestos mínimos”. Esto implica que, si bien somos un país federal y nuestra Constitución dice que “el dominio originario de los recursos naturales” (como los humedales) “corresponde a las provincias”, al votar este tipo de ley, nos comprometemos a cumplir un conjunto “mínimo” de normas o “presupuestos” que son de aplicación común en todo el territorio nacional, priorizando el interés general. Y si decimos que dichos presupuestos son para “conservar nuestros humedales”, vuelvo a insistir en que la propuesta no sólo habla de preservación y restauración sino también de uso sustentable. Es decir, que no es cierto lo que afirman algunos que “cuando se apruebe la ley no nos van a dejar hacer nada en ellos”.
Pero volviendo a la historia de la iniciativa, les cuento que luego de varias instancias que involucraron a distintos actores sociales (incluyendo al sector científico), en 2012 se propusieron dos proyectos de Ley en la Cámara de Senadores (uno presentado por un representante de quienes, en ese momento, representaban a la oposición y el otro, por una representante del oficialismo). Lo destacable fue que, pese a esto, ambos proyectos tenían tantos puntos en común que se acordó unificarlos en uno único que fue votado y aprobado por amplia mayoría en 2013. Sin embargo, al pasar a la Cámara de Diputados… éste nunca se trató y, por lo tanto, una vez que se vencieron los tiempos reglamentarios, perdió estado parlamentario. Esto implicó que todo lo hecho quedara sin efecto y que, si se pretendía presentar un nuevo proyecto, debía iniciarse otro trámite desde cero.
Deseo aclarar que, si bien dicho proyecto tenía, a mi entender, ciertos puntos por mejorar (situación que había sido prevista para la posterior etapa de reglamentación de la ley), una de las principales razones sostenidas para que no avanzara, fue que no había sido suficientemente discutido por las provincias, fundamentalmente, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente o COFEMA (que nuclea a las autoridades ambientales de todas ellas). No obstante, si bien esto pudo haber sido realmente así, los eventuales avances a partir de esa discusión, fueron poco públicos y nunca se tradujeron en una nueva propuesta. Hubo que esperar, entonces, hasta 2016 para que el Senador Pino Solanas propusiera otro proyecto de Ley (con el mismo espíritu, pero con una versión superadora del anterior). Y… nuevamente, el proyecto fue votado y aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Senadores, pero al pasar a la de Diputados volvió a ser “cajoneado” hasta que, otra vez… perdió estado parlamentario.
Pasaron unos años más hasta que, en 2019, se hizo un nuevo intento. En este caso (y seguramente debido al reclamo de muchos integrantes de nuestra sociedad), con la presentación de … ¡diez proyectos en Diputados y cinco proyectos en Senadores! (por congresistas de prácticamente todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria). Y, para que el proyecto a votar fuera el mejor posible, previamente, integrantes del propio Congreso, propusieron discutirlo públicamente en varios eventos en el que participaron (o al menos fueron invitados a hacerlo) representantes de todos los ámbitos (político, académico, productivo, representantes de organizaciones de la sociedad civil y pobladores locales). Esta vez, los avances fueron muy escasos en el ámbito del Senado, pero, en Diputados, luego de una ardua y constructiva discusión, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, lograron elaborar un proyecto unificado y consensuado por representantes de todas las fuerzas políticas. Sin embargo… cuando este último pasó a las otras comisiones que solicitaron su tratamiento en dicha cámara (Agricultura, Intereses marítimos y Presupuesto)… las mismas nunca lo trataron y, al expirar los plazos reglamentarios (a fines de 2021), contribuyeron a que perdiera estado parlamentario… ¡por tercera vez!
¿Por qué pensás que después de diez años de lucha, se volvió a cajonear la Ley de Humedales? ¿Qué intereses están en juego?
Hay tres grandes cuestiones que contribuyeron (y lo siguen haciendo) para que esto ocurra, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí. En primer lugar, las percepciones negativas sobre los humedales que todavía tienen varios integrantes de nuestra sociedad (basadas en el desconocimiento y visiones de otras épocas que, por su naturaleza inundable, consideraban erróneamente a dichos ecosistemas como improductivos e insalubres). En segundo lugar, los temores infundados generados a partir de aseveraciones como las ya señaladas, en cuanto a que la Ley de Humedales “atentará contra el desarrollo económico- productivo del país” (con argumentos débilmente sustentados o directamente inexistentes, mayormente realizados con la intención de seguir favoreciendo los particulares intereses de unos pocos). Y, en tercer lugar, la fuerte presión ejercida por algunos de estos últimos (normalmente en forma no pública), por tratarse de integrantes de grandes grupos de poder procedentes de distintos ámbitos (financieros, agropecuarios, mineros, portuarios, industriales, inmobiliarios, etc.). Los mismos, indudablemente pretenden mantener el status quo e, incluso, aumentar considerablemente (y en el corto plazo), los ingresos provenientes de sus negocios, a costa de los humedales (obviamente, sin contribuir a su conservación). Los grandes incendios que venimos experimentando en distintas regiones de nuestro país (muchas de ellas constituidas en gran parte por humedales), son un ejemplo palpable de esto último. Estos, muy seguramente, son favorecidos por las sequías extremas y la bajante de los grandes ríos (que venimos percibiendo ante la nueva realidad del Cambio Climático), pero también, son potenciados por la menor circulación humana y, por consiguiente, por el escaso control público (asociados a la lamentable pandemia que seguimos viviendo). Claramente, un altísimo porcentaje de los mismos tiene origen humano, a veces no intencional y probablemente producto de cierta inconciencia, pero… muchas otras veces, manifiestamente intencionales y probablemente relacionados con esos poderosos intereses mencionados).
Sin embargo, como ya dije, la Ley propuesta no necesariamente va en contra del uso de los humedales, sino que, claramente, plantea que, si queremos ocuparlos y/o realizar actividades productivas en ellos, ese uso debe ser efectivamente sustentable desde las tres perspectivas (económico-productiva, sociocultural y ecológica). Esto último, básicamente implica no trasladar a los humedales, modelos propios de otras realidades socioambientales y/o relacionados con visiones de otras épocas. Y menos aún, si las mismas se basan en modalidades extremadamente intensivas, que cubren grandes extensiones y/o utilizan tecnologías altamente transformadoras y escasamente resilientes. La idea es, simplemente, adaptar esas eventuales actividades al normal funcionamiento de los humedales…y no al revés, basados en: un adecuado conocimiento sobre su estado de situación y funcionamiento, una planificación socioambiental efectivamente participativa y en un adecuado ordenamiento territorial.
Estas noticias nos angustian …¿qué mensaje esperanzador le podrías decir a los y las jóvenes activistas ambientales para que sigan luchando?
Les diría que todavía estamos a tiempo pero que hay que seguir insistiendo, con más continuidad y fuerza que nunca. Y que esto depende, entre otras cuestiones, de que se conozcan, no se malinterpreten y se difundan muchas de las cosas de las que hablamos aquí. Y que está en nosotros (y en muchos otros integrantes de la sociedad), seguir presionando para asegurar que esto ocurra. Que, si bien es cierto que, luego de diez años de lucha, el balance, al menos en lo político-legislativo, es negativo, no todo está perdido. Que la presión ejercida por fuertes intereses económicos para que la ley nunca se vote, resulta imposible de negar y ocultar y que los argumentos contrarios a la misma son poco sólidos. Que, gracias al esfuerzo realizado, nuestra constancia y actitud comprometida, la Ley de Humedales ocupa actualmente, quizás el primer lugar en la agenda pública ambiental. Y que… por todo esto, aparecen algunas señales esperanzadoras. Afortunadamente, al inicio de las sesiones ordinarias del congreso de este año 2022, varios diputados volvieron a presentar el proyecto de ley consensuado en 2020, para que se trate en forma urgente. Asimismo, tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como el COFEMA, a diferencia de lo ocurrido en las oportunidades anteriores, han declarado prioritaria a la Ley de Humedales y se han comprometido, en forma urgente, a trabajar en un proyecto superador.
Para que todo esto se concrete, si bien somos conscientes que nuestro actual contexto económico, sanitario y socioambiental, es muy complicado, debemos darle un claro mensaje a nuestras representantes y autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Éste es: que no debemos pensar, otra vez equivocadamente, que primero tenemos que “crecer” económica y financieramente, sin importar mucho las formas y que recién luego “habrá tiempo para pensar en lo ambiental” (e, incluso, lo social y cultural). Más allá que esta “receta” nunca nos resultó y que, si lo hacemos, volvemos a hacerle el juego a esos pocos integrantes de los grupos de poder (que seguirán contribuyendo a que nos pase lo que nos pasa), éste debe ser un momento fundacional. Esto es, que debemos intentar iniciar un nuevo camino de recuperación, pero incorporando, desde el inicio, la efectiva conservación de nuestros humedales, componentes claves de nuestro patrimonio ambiental y cultural presente y futuro. Sigamos insistiendo entonces, apoyando y colaborando con ésta y otras iniciativas (y, lógicamente, asegurando su posterior cumplimiento), manteniendo y exigiendo una actitud activa y comprometida, no sólo por parte de nuestros gobernantes y legisladores sino de todas y todos nosotros.
